Burocracia y centralismo federal obstaculizan el acceso al agua

Andrés Gallegos 

La nueva Ley General de Aguas, cuyo decreto fue publicado el 11 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación junto con nuevas reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pretende luchar contra el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Sin embargo, también avala un mayor control del Ejecutivo federal en las concesiones de agua, lo que deriva en más burocracia y discrecionalidad en la cesión de permisos para su uso. 

A esta y otras conclusiones llega la tercera edición de Radar de la democracia y la justicia, publicación del Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO (Dsoj), que analiza los pormenores del nuevo marco legal que regula el uso del agua en México. 

La modificación que más hizo saltar las alarmas, tanto de los partidos de oposición como de grupos sociales, productores agrícolas y campesinos, es la desaparición de la transmisión automática de derechos de agua entre particulares. 

Antes, cuando el propietario de una tierra con concesión de agua la vendía, el derecho al uso del líquido se traspasaba automáticamente al nuevo dueño o comprador de la tierra. Ahora, la concesión regresa al gobierno federal, que mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) decidirá si concede o no al nuevo dueño del terreno el acceso al recurso natural. 

Estas modificaciones a los artículos 22 y 49 de la Ley de Aguas Nacionales, según los senadores de partidos contrarios al oficialismo (Morena, PVEM, PT), "incrementan la burocratización y la discrecionalidad por parte del gobierno federal para conceder el acceso al agua", se lee en la página 3 del Radar. 

El mayor control del gobierno federal sobre el uso del agua genera a su vez "un ambiente de incertidumbre para los campesinos sobre si podrán mantener acceso al agua en sus tierras o no", comenta Lorena Vázquez Correa, académica del Dsoj del ITESO y encargada del boletín. 

La nueva Ley General de Aguas fue una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para cumplir con lo estipulado en el Artículo 4 de la Constitución, que desde 2012 establece el derecho humano al agua y al saneamiento, además de obligar al Estado mexicano a definir el marco legal para garantizar ese derecho. Sheinbaum también envió nuevas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. 

Entre los aciertos de ambas iniciativas, se establecen sanciones para aquellos que hagan uso irregular de las concesiones del agua, especialmente los caciques que revenden y acaparan el recurso natural a los campesinos. Se reconocen también los sistemas comunitarios de agua y se impulsa la captación de agua de lluvia para el consumo doméstico. 

Sin embargo existen aspectos de la reforma que generan interrogantes: el fortalecimiento de la rectoría del agua por parte del Estado mexicano genera dudas sobre el enfoque discrecional y clientelar del actual gobierno para aprobar o rechazar las concesiones de agua, especialmente a los sectores campesinos. Los diputados de oposición señalan también que la Conagua tendrá más atribuciones pese a que le fue reducido en 50 por ciento su presupuesto anual entre 2023 y 2025, por lo que habrá más burocracia y trámites para regular el uso del agua. 

La reforma tampoco garantiza dinero o presupuesto para resolver viejas problemáticas como las fugas en los sistemas de agua potable o la modernización de sistemas de riego o de plantas de tratamiento. 

Además, las leyes aprobadas violan tratados internacionales firmados por México al no consultar a los pueblos originarios sobre el acceso al agua, que estará centralizado desde la Ciudad de México por la Conagua. 

Finalmente, aunque se aprobaron leyes para castigar a los caciques o acaparadores de agua, no se les pone nombre y apellido para personalizar las sanciones, lo que puede generar miedo en quienes tienen las concesiones de agua. 

"El decreto es una herramienta de control político en la que el gobierno decidirá quién recibe agua y quién no, sin transparencia, sin contrapesos y sin rendirle cuentas a nadie", se lee en la página 4 de Radar de la democracia y la justicia, basado en la consulta de la opinión de diputados opositores durante el debate previo a la aprobación de las reformas. 

Para más detalles de la discusión legislativa, las reformas que se aprobaron y los cambios que implican, consulta la tercera edición del boletín en https://ite.so/t8sj1.